Aportaciones recibidas en la Consulta Pública previa:
Regulación conciertos educativos
Mostrando 1 al 10 de 90 resultados
| Aportación sobre | Aportación | Documento adjuntado | |
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| APORTACIÓN SOBRE LOS CONCIERTOS EN BACHILLERATO | Solicito que el futuro Decreto establezca que no podrán concertarse nuevas unidades privadas de Bachillerato cuando existan plazas públicas suficientes para atender la demanda en la zona. El Bachillerato es una enseñanza postobligatoria y el artículo 116.7 de la LOE establece que su concierto tiene carácter singular, no general. Además, el artículo 32.5 obliga a las Administraciones a promover el incremento progresivo de la oferta pública de Bachillerato. Por ello, antes de destinar fondos públicos a un centro privado debe acreditarse una necesidad real de escolarización, comprobando previamente las plazas disponibles y la capacidad de los centros públicos próximos. La elección de un centro privado puede responder a una preferencia familiar, pero no constituye por sí misma una necesidad de escolarización que justifique su financiación pública. Concertar unidades privadas mientras existen plazas públicas disponibles supone duplicar recursos y resulta contrario a un uso eficiente del dinero público. Por ello, se solicita que la suficiencia de plazas públicas sea un criterio previo, obligatorio y verificable antes de autorizar cualquier nuevo concierto de Bachillerato. | ||
| DECRETO SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS | Formulo la presente aportación para solicitar que el futuro Decreto no establezca un régimen generalizado de financiación pública del Bachillerato impartido por centros privados. El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y la libertad de creación de centros, pero no establece un derecho de los centros privados a obtener financiación pública para todas las enseñanzas que impartan. Asimismo, el artículo 27.4 CE limita la garantía constitucional de gratuidad a la enseñanza básica, mientras que el Bachillerato tiene carácter postobligatorio. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), tampoco establece un derecho general a la financiación del Bachillerato privado. Por el contrario, su artículo 116.7 dispone expresamente que «el concierto para las enseñanzas postobligatorias tendrá carácter singular». Por ello, el futuro Decreto debe respetar estrictamente ese carácter singular y no puede convertirlo en un régimen ordinario, generalizado o automático de concertación. Además, el artículo 116.1 LOE vincula los conciertos a las necesidades de escolarización y el artículo 109 establece que la programación educativa debe tener en cuenta la oferta existente de centros públicos y concertados, garantizar la existencia de plazas públicas suficientes y respetar los principios de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. La mera existencia de demanda de Bachillerato en un centro privado no equivale, por sí sola, a una necesidad de escolarización que justifique su financiación pública. Antes de concertar nuevas plazas privadas debe acreditarse que existe una necesidad objetiva que no pueda ser atendida adecuadamente mediante la red pública. Esta exigencia adquiere especial relevancia porque el artículo 32.5 LOE establece que las Administraciones públicas «promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en bachillerato». La ampliación de plazas privadas financiadas con fondos públicos no debe sustituir ni dificultar el cumplimiento de este mandato legal. Asimismo, los artículos 9.2, 27, 31.2 y 103 de la Constitución obligan a los poderes públicos a garantizar la igualdad y a utilizar los recursos públicos de acuerdo con criterios de eficiencia, economía y servicio al interés general. Por todo ello, SOLICITO Que el futuro Decreto: No establezca un sistema generalizado o automático de concertación del Bachillerato. Respete el carácter singular de los conciertos de las enseñanzas postobligatorias establecido en el artículo 116.7 LOE. Exija la acreditación objetiva de una necesidad de escolarización antes de conceder cualquier concierto de Bachillerato. Obligue a valorar previamente la oferta existente, las plazas vacantes y la capacidad de ampliación de la red pública. Garantice el cumplimiento del artículo 32.5 LOE y el incremento progresivo de la oferta pública de Bachillerato. Someta cualquier decisión de financiación pública a los principios de igualdad, economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Establezca garantías efectivas para evitar que la concertación contribuya a la segregación socioeconómica del alumnado. | ||
| Vergüenza de concierto | Como ciudadana que paga sus impuestos y que hace uso de los servicios públicos, considero vergonzoso que se destine dinero público para financiar algo que es privado y que solo serviría para beneficiar a los ciudadanos de los grandes núcleos de población (Zaragoza principalmente). Es totalmente injusto que se desatiendan muchos otros servicios públicos que sí necesitan financiación y que no la están recibiendo. Salud, bomberos... Y, si vamos al campo de la educación, un gran número de centros educativos, tanto rurales como no, que viven gracias a la buena voluntad de los docentes que en ellos trabajan, que compran materiales de su bolsillo, que se llevan estufas y ventiladores de sus casas porque las temperaturas son inaguantables, y que, además, son los peor pagados de España. Déjense de tonterías y gobiernen para tod@s. La escuela pública es la única que es de tod@s y para tod@s. Es la que hay que proteger y defender y en la que hay que invertir. | ||
| No a la concertación del bachillerato | Concertar el bachillerato cuando en centros públicos hay 2300 vacantes es derrochar con un objetivo ideológico. Aragón merece que su Gobierno dote a la Escuela Pública de recursos suficientes, no puede ser que solo destine el 3,5% de su PIB cuando la media estatal es del 4,6% y que ni siquiera se gaste todo el dinero que cada año el Gobierno presupuesta para financiar la Educación Pública. Ante estás dos evidencias exijo al Gobierno de Aragón no destinar presupuesto educativo público a la concertación de etapas no obligatorias con oferta pública más que suficiente. También exijo destinar el presupuesto que se tenía para esta concertación a la red de centros públicos que curso tras curso se ven ahogados por unos presupuestos públicos insuficientes en educación. | ||
| Concertacion bachillerato | Hay datos que demuestran que la norma propuesta solo favorece a la ciudad de Zaragoza. La comunidad autonoma de Aragon tiene muchos centros publicos con bachillerato, dando cabida y una enseñanza de calidad a todo el alumnado de bachillerato de Aragon. Este alumnado necesita de unos centros publicos con mas financiacion para poder dar una enseñanza de maxima calidad. | ||
| Concierto bachillerato | No hay déficit de plazas públicas que lo justifique Los datos oficiales cifran en unas 2.500 las plazas disponibles en el Bachillerato público en Aragón, con más de 700 vacantes solo en Zaragoza. Por tanto, destinar fondos a crear plazas concertadas no responde a una necesidad de escolarización sino a una decisión política. Desvío de recursos públicos limitados hacia la red privada. La medida costará unos 19 millones de euros anuales. Este dinero se detrae de los fondos destinados a la Educación Pública que trabaja infrafinanciada, con instalaciones desfasadas (en algunos casos con denuncias a PRL por el mal estado y riesgo evidente de las mismas) que precisan modernización y adaptación a las nuevas demandas y retos educativos. Es una decisión de origen electoral, no técnico La propia consejera lo admite: "Es una promesa electoral y va en el programa electoral del partido". Argumentar que destinar dinero para financiar etapas no obligatorias responde a elementos electorales careciendo de criterios técnicos supone despilfarro de dinero público. Rechazo al Bachillerato concertado Rompe la igualdad de oportunidades en la etapa más "selectiva". Bachillerato es la etapa bisagra hacia estudios superiores; concertarla mantiene la segregación socioeconómica en el tramo con más impacto en el futuro académico y laboral del alumnado. Rechazo a la concertación del primer ciclo de Infantil 0-3 años Precarización del cuidado infantil temprano En esta franja de edad (0-3 años) se trata de cuidado y desarrollo infantil temprano, no de rendimiento académico. Concertar esta etapa con centros privados puede introducir criterios de rentabilidad económica en un servicio que requiere ratios estrictas de personal por menor, formación específica de maestras y técnicos y alta calidad asistencial, sin garantías de que el concierto imponga las mismas condiciones que en la red pública precarizando la conciliación familiar. Rechazo a la FP concertada Fragmentación territorial y desigualdad de acceso La FP pública cumple una función de vertebración del territorio, manteniendo población y presentando una oferta formativa accesible a comarcas menos pobladas, a diferencia de la oferta concertada/privada, orientada al negocio y a sectores rentables. La oferta privada de FP se concentra en Zaragoza y grandes núcleos urbanos, agravando la brecha rural - urbana. | ||
| Medida injusta e innecesaria | Como familias que hemos elegido para nuestros hijos la escolarización escuela pública, vemos con preocupación como de manera innecesaria se dedican recursos y fondos a financiar entidades educativas privadas, subsidiando plazas en una fórmula que nació para paliar la necesidad de aulas y plazas educativas en un periodo concreto de nuestra historia y que no tiene ya sentido en pleno SXXI ni equivalente en ningún país desarrollado donde no podemos decir que se vulneren los derechos educativos de ningún ciudadano, es un.discurso falso que solo sirve para mantener un modelo elitista y desigual, mientras se vulneran los derechos de las Familias que de forma mayoritaria elegimos la Educación pública española, no porque no podamos permitirnos una subvencionada (.concertada) sino porque de verdad pensamos.que es la.mejor, con profesionales que han pasado duras oposiciones para ejercer su profesión y con unos criterios de evaluación y aprendizaje óptimos y justos. Pero la administración piensa que debe reforzar entidades privadas mientras cierra vías en la pública, recorta profesorado y mantiene las instalaciones PÚBLICAS en un estado lamentable, bromea sobre el calor en las aulas mientras debate a 24 grados que nuestros hijos pueden estar a 40 porque " no son de plastilina", se niega a climatizar aulas porque la concertada no se lleva su parte y además vemos con horror como pretende ahora subvencionar el bachillerato cuando existen aulas y plazas de sobra en la educación pública que pueden cubrir más que de sobra las necesidades de los alumnos de bachillerato que además es una etapa no obligatoria . Pedimos como representantes de más de 150 familias aragonesas que este concierto NO se lleve a cabo ya que pensamos que ese dinero puede invertirse en las muchas necesidades que como familias detectamos en nuestros centros educativos. Nos sentimos agraviados y ninguneados por una administración que debería proteger a los más vulnerables garantizando que las necesidades de la escuela pública española están satisfechas antes de embarcarse en pagas millonarias sin justificación posible a otras entidades. | ||
| No a la concertación del Bachillerato | Aportación a la no concertación del Bachillerato. Defensa de la escuela pública La defensa de la escuela pública constituye un compromiso con una educación de calidad, equitativa, inclusiva y accesible para todo el alumnado, independientemente de su situación socioeconómica o de su lugar de residencia. En este marco, consideramos fundamental mantener el Bachillerato dentro de la oferta educativa pública, garantizando una red suficiente de centros que permita al alumnado continuar su formación en condiciones de igualdad y proximidad. La educación pública debe contar con los recursos necesarios para responder a las necesidades de la sociedad y ofrecer una educación integral y de calidad en todas las etapas educativas. La no concertación del Bachillerato contribuye a preservar el carácter universal y vertebrador de la enseñanza pública, evitando que el acceso a esta etapa educativa quede condicionado por criterios económicos, territoriales o de otra naturaleza. Asimismo, permite reforzar el papel de los centros públicos como espacios de convivencia, diversidad y cohesión social. Defender la escuela pública supone, por tanto, apostar por una educación entendida como un derecho y no como un privilegio, garantizar la igualdad de oportunidades y fortalecer una red educativa pública capaz de ofrecer al conjunto de la ciudadanía una respuesta educativa de calidad. Por todo ello, manifestamos nuestro compromiso con el mantenimiento y fortalecimiento del Bachillerato en la red pública, así como con la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar una oferta educativa suficiente, cercana, inclusiva y de calidad. | ||
| Regulación conciertos educativos | Yo, como ciudadana y contribuyente, me dirijo al Gobierno de Aragón para exigir una gestión responsable, justa y coherente de los fondos públicos y de la recaudación obtenida a través de los impuestos de todos los ciudadanos. Considero que la educación pública debe ser una prioridad fundamental de las instituciones. Por ello, solicito que los recursos públicos se destinen, de manera prioritaria, al fortalecimiento y mejora de la enseñanza pública, y especialmente a la etapa de Bachillerato. Es responsabilidad de las administraciones públicas garantizar que existan suficientes plazas, centros, profesorado y recursos para que cualquier estudiante que desee cursar Bachillerato pueda hacerlo en un centro público, con una educación de calidad y en condiciones adecuadas. Por este motivo, considero que la financiación pública de plazas de Bachillerato en centros concertados únicamente debería contemplarse de forma excepcional y subsidiaria. Es decir, solo debería recurrirse a la inversión o financiación de Bachillerato concertado cuando se haya demostrado que la red de centros públicos no dispone de suficientes plazas para atender la demanda existente. Antes de destinar fondos públicos a ampliar o sostener la oferta de Bachillerato concertado, el Gobierno de Aragón debería priorizar la creación de nuevas plazas públicas, la ampliación de los centros existentes, la mejora de sus instalaciones y la contratación del profesorado necesario. Los impuestos que pagamos todos los ciudadanos deben servir, en primer lugar, para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades. Una educación pública sólida, accesible y de calidad es una herramienta esencial para construir una sociedad más justa y garantizar que el acceso a la enseñanza no dependa de las posibilidades económicas de cada familia. Por todo ello, solicito al Gobierno de Aragón que adopte una política educativa basada en los siguientes principios: 1. Priorizar la inversión de fondos públicos en la enseñanza pública y, especialmente, en la ampliación y mejora de las plazas de Bachillerato público. 2. Garantizar que exista una oferta suficiente de plazas públicas para atender la demanda del alumnado. 3. Destinar recursos a la creación, ampliación y mejora de los centros públicos antes de financiar nuevas plazas de Bachillerato concertado. 4. Limitar la financiación pública del Bachillerato concertado a aquellos casos excepcionales en los que se demuestre que no existen suficientes plazas disponibles en los centros públicos. 5. Garantizar una gestión transparente y eficiente de los fondos procedentes de los impuestos de todos los ciudadanos. Exijo, por tanto, que el Gobierno de Aragón sitúe la enseñanza pública en el centro de su política educativa y que los recursos públicos se utilicen prioritariamente para garantizar y fortalecer una red pública de Bachillerato suficiente, accesible y de calidad. La financiación de centros concertados en la etapa de Bachillerato no debe sustituir la obligación de la Administración de proporcionar plazas públicas suficientes. Solo cuando la enseñanza pública no pueda atender adecuadamente la demanda existente debería contemplarse, de manera excepcional, la utilización de fondos públicos para cubrir plazas en centros concertados. La educación pública debe ser una prioridad y una inversión de futuro. Por ello, como ciudadano y contribuyente, exijo que los recursos de todos se destinen, en primer lugar, a garantizar una enseñanza pública fuerte, suficiente y de calidad. Atentamente, Andrea Aguilar Cortés del Valle Zaragoza, 1 de septiembre | ||
| Regulación conciertos educativos | Yo, como ciudadana y contribuyente, me dirijo al Gobierno de Aragón para exigir una gestión responsable, justa y coherente de los fondos públicos y de la recaudación obtenida a través de los impuestos de todos los ciudadanos. Considero que la educación pública debe ser una prioridad fundamental de las instituciones. Por ello, solicito que los recursos públicos se destinen, de manera prioritaria, al fortalecimiento y mejora de la enseñanza pública, y especialmente a la etapa de Bachillerato. Es responsabilidad de las administraciones públicas garantizar que existan suficientes plazas, centros, profesorado y recursos para que cualquier estudiante que desee cursar Bachillerato pueda hacerlo en un centro público, con una educación de calidad y en condiciones adecuadas. Por este motivo, considero que la financiación pública de plazas de Bachillerato en centros concertados únicamente debería contemplarse de forma excepcional y subsidiaria. Es decir, solo debería recurrirse a la inversión o financiación de Bachillerato concertado cuando se haya demostrado que la red de centros públicos no dispone de suficientes plazas para atender la demanda existente. Antes de destinar fondos públicos a ampliar o sostener la oferta de Bachillerato concertado, el Gobierno de Aragón debería priorizar la creación de nuevas plazas públicas, la ampliación de los centros existentes, la mejora de sus instalaciones y la contratación del profesorado necesario. Los impuestos que pagamos todos los ciudadanos deben servir, en primer lugar, para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades. Una educación pública sólida, accesible y de calidad es una herramienta esencial para construir una sociedad más justa y garantizar que el acceso a la enseñanza no dependa de las posibilidades económicas de cada familia. Por todo ello, solicito al Gobierno de Aragón que adopte una política educativa basada en los siguientes principios: 1. Priorizar la inversión de fondos públicos en la enseñanza pública y, especialmente, en la ampliación y mejora de las plazas de Bachillerato público. 2. Garantizar que exista una oferta suficiente de plazas públicas para atender la demanda del alumnado. 3. Destinar recursos a la creación, ampliación y mejora de los centros públicos antes de financiar nuevas plazas de Bachillerato concertado. 4. Limitar la financiación pública del Bachillerato concertado a aquellos casos excepcionales en los que se demuestre que no existen suficientes plazas disponibles en los centros públicos. 5. Garantizar una gestión transparente y eficiente de los fondos procedentes de los impuestos de todos los ciudadanos. Exijo, por tanto, que el Gobierno de Aragón sitúe la enseñanza pública en el centro de su política educativa y que los recursos públicos se utilicen prioritariamente para garantizar y fortalecer una red pública de Bachillerato suficiente, accesible y de calidad. La financiación de centros concertados en la etapa de Bachillerato no debe sustituir la obligación de la Administración de proporcionar plazas públicas suficientes. Solo cuando la enseñanza pública no pueda atender adecuadamente la demanda existente debería contemplarse, de manera excepcional, la utilización de fondos públicos para cubrir plazas en centros concertados. La educación pública debe ser una prioridad y una inversión de futuro. Por ello, como ciudadano y contribuyente, exijo que los recursos de todos se destinen, en primer lugar, a garantizar una enseñanza pública fuerte, suficiente y de calidad. Atentamente, Andrea Aguilar Cortés del Valle Zaragoza, 1 de septiembre |
