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Aportaciones recibidas en la Consulta Pública previa:

Regulación conciertos educativos

Listado de aportaciones
Mostrando 21 al 30 de 90 resultados
Aportación sobre Aportación Documento adjuntado
Alegación / Opinión de una ciudadana A/A Departamento de Educación, Cultura Como ciudadana e integrante de la comunidad educativa, manifiesto mi total rechazo a la implantación de conciertos educativos en la etapa de Bachillerato en nuestra comunidad. El Bachillerato es una enseñanza postobligatoria y la red de institutos públicos de Aragón cuenta actualmente con plazas suficientes para absorber toda la demanda. Financiar aulas privadas con dinero público en esta etapa no responde a ninguna necesidad de escolarización, sino que resta recursos esenciales a la escuela de todos. Exijo que el presupuesto público se destine íntegramente a reforzar la educación pública en Aragón, priorizando: * Más personal especializado: Incremento de plantillas docentes y profesionales de atención a la diversidad (PT, AL y orientación). * Mejora de infraestructuras: Climatización de centros, actualización de equipamiento tecnológico y reforma de instalaciones antiguas. * Equidad territorial: Mantenimiento y fortalecimiento de la oferta pública en el medio rural. Los recursos públicos deben blindar la escuela pública, que es la única que garantiza la igualdad de oportunidades y la cohesión social en nuestro territorio.
Más recursos para la pública, no para nuevos conciertos CONCEPTO DE CONCIERTO EDUCATIVO: El concierto educativo nació como una medida excepcional para asegurar la escolarización cuando la red pública no podía atender toda la demanda. Sin embargo, esa circunstancia no concurre hoy en el Bachillerato Aragonés, por lo que mantener o extender la financiación pública de centros privados carece de una justificación objetiva suficiente. Por el contrario, los recursos disponibles deberían destinarse a reforzar la calidad, la equidad y la accesibilidad de la enseñanza pública, garantizando igualdad de oportunidades para todo el alumnado. ¿NECESIDAD REAL?: La concertación del Bachillerato no responde a una necesidad real del sistema educativo aragonés. En Aragón no existe un problema generalizado de falta de plazas públicas que justifique destinar millones de euros adicionales a financiar centros privados, mientras la red pública continúa afrontando necesidades de inversión, personal y recursos educativos. CONFUSIÓN: El principal argumento del Gobierno, basado en la continuidad del alumnado en los centros concertados, confunde un interés legítimo de determinadas familias con una obligación de financiación pública. La función de la Administración es garantizar una plaza educativa gratuita y de calidad para todos los estudiantes, algo que ya cumple a través de la red pública de Bachillerato. NO TODO VALE: La libertad de elección no puede interpretarse como el derecho a que todas las opciones privadas sean financiadas con fondos públicos. Si los recursos son limitados, la prioridad debe ser fortalecer la escuela pública, que es la única que garantiza el acceso universal, la equidad territorial y la cohesión social. Destinar nuevos fondos al Bachillerato concertado supone desviar recursos que podrían emplearse en mejorar instalaciones, reducir ratios o ampliar la oferta pública. CONSECUENCIAS SOCIALES: La expansión de los conciertos en etapas no obligatorias puede contribuir a una mayor segmentación social y educativa, debilitando el papel vertebrador de la escuela pública como espacio de convivencia e inclusión. Por todo ello, considero que la propuesta no responde al interés general y debe ser rechazada. Manifiesto mi rechazo a la concertación del Bachillerato ya que supone una desviación de recursos públicos hacia una etapa educativa que debe ser garantizada prioritariamente desde la red pública. Finalmente, deseo que el proceso de consulta pública abierto por el Gobierno de Aragón no se convierta en un mero trámite administrativo destinado únicamente a cumplir con las exigencias formales de la normativa. La participación ciudadana solo tiene sentido cuando las aportaciones realizadas por familias, docentes, organizaciones educativas y ciudadanos son analizadas y valoradas de manera real. Sin embargo, la firmeza con la que el Ejecutivo ha defendido esta medida desde el inicio, hace difícil albergar grandes expectativas sobre la influencia efectiva de dichas aportaciones en la decisión final. Ojalá nos equivoquemos y este proceso sirva verdaderamente para escuchar a la comunidad educativa; de lo contrario, la consulta pública correrá el riesgo de percibirse como un simple procedimiento formal para legitimar una decisión ya tomada.
No a los conciertos. El bachillerato ha de ser público para ser garante de la igualdad de oportunidades.
Concierto Bachillerato Vergüenza de política educativa que sólo busca deteriorar la Educación Pública, que es la de tod@s. La Pública no se vende, lucharemos por el derecho de la juventud a acceder a la formación indiferentemente de dónde nazca o en qué condiciones económicas.
No es libertad, es negocio y desigualdad Considero que la prioridad de las políticas educativas del Gobierno de Aragón debe ser el fortalecimiento de la red pública de enseñanza, como garantía del derecho universal a una educación de calidad, equitativa, inclusiva y accesible para toda la ciudadanía. La educación pública constituye el principal instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social. A diferencia de otros modelos de gestión, la red pública debe asegurar una escolarización universal, asumir la atención a la diversidad del alumnado y garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de igualdad, independientemente del origen social, económico o cultural de las familias. En un contexto como el actual, en el que se produce un descenso demográfico y, en determinadas zonas, existen plazas públicas suficientes para atender la demanda de escolarización, no parece justificado destinar recursos públicos al sostenimiento de plazas en centros privados mediante conciertos educativos cuando dichos recursos podrían dirigirse directamente a mejorar y reforzar el sistema público. Los recursos públicos son necesariamente limitados y deberían priorizar necesidades que actualmente afectan a numerosos centros públicos de Aragón: la reducción de ratios, el aumento de las plantillas docentes, una mejor atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el incremento de profesionales de orientación y Pedagogía Terapéutica, la mejora y mantenimiento de las infraestructuras, la climatización de los centros y la dotación de recursos materiales y tecnológicos. La inversión educativa debería orientarse prioritariamente a garantizar que todos los centros públicos dispongan de los medios necesarios para ofrecer una educación de la máxima calidad. La disminución de la natalidad hace especialmente necesario revisar la planificación educativa desde una perspectiva de sostenibilidad y eficiencia. En lugar de mantener simultáneamente plazas públicas y concertadas allí donde no existe demanda suficiente para ambas redes, debería priorizarse la conservación y el fortalecimiento de la oferta pública. De lo contrario, se corre el riesgo de debilitar progresivamente determinados centros públicos mientras se mantienen artificialmente unidades concertadas financiadas con dinero público. La libertad de las familias para elegir un proyecto educativo no debe confundirse con una obligación de los poderes públicos de financiar con fondos públicos cualquier opción de titularidad privada. La existencia de centros privados forma parte de la libertad de creación de centros reconocida por nuestro ordenamiento jurídico, pero ello no implica que su financiación deba equipararse necesariamente a la de la red pública ni que los recursos públicos deban destinarse prioritariamente a su sostenimiento. La educación pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo aragonés. Es la única red cuya existencia y sostenimiento deben estar plenamente garantizados por los poderes públicos y la que permite asegurar de forma más efectiva el acceso universal a la educación, la equidad territorial y social y la atención a todo el alumnado. Por ello, se solicita al Gobierno de Aragón que priorice la inversión en la red pública de enseñanza y que no se concierten ni mantengan unidades concertadas cuando existan plazas públicas suficientes para atender la demanda existente. Defender y reforzar la educación pública significa garantizar una educación de calidad para todas las personas, independientemente de su origen, situación económica o circunstancias personales. Los recursos públicos deben tener como prioridad el fortalecimiento de aquello que es de todos y para todos: una escuela pública fuerte, inclusiva, democrática y adecuadamente financiada.
Falta de Recursos en la educacion publica En los dos últimos cursos (2024-2025 y 2025-2026), la educación pública aragonesa —y de forma singular la Educación Secundaria— arrastra un deterioro que combina varios planos: 1. Infrafinanciación estructural, certificada por el propio órgano fiscalizador autonómico: Aragón gasta por habitante menos que la media del resto de comunidades autónomas en educación, arrastra un déficit de financiación de cientos de millones de euros para sostener sanidad, educación y servicios sociales, y ha tenido que recurrir de forma recurrente a modificaciones presupuestarias de urgencia para cubrir infradotaciones del Departamento de Educación. 2. Profesorado: salarios entre los más bajos del Estado, pérdida sostenida de poder adquisitivo, alta interinidad —que la Cámara de Cuentas confirma que ha crecido en términos absolutos—, y unos cupos de profesorado que los sindicatos consideran insuficientes tanto en la negociación anual de plantillas como de cara a la reducción de horario lectivo (de 25 a 23 horas semanales). 3. Ratios por aula: pese a que la normativa aragonesa fija topes por etapa, existen mecanismos de incremento excepcional (hasta un 10% adicional) que en la práctica elevan el número real de alumnos por clase, especialmente en las comarcas centrales y en los cursos con mayor presión de matrícula. 4. Mantenimiento de infraestructuras: un parque de centros de "elevada antigüedad" que arrastra, en palabras del propio Departamento de Educación, un "déficit estructural de mantenimiento... durante décadas", con actuaciones recientes de carácter urgente y puntual que conviven con un problema de fondo no resuelto. Dados esta falta de recursos dedicar recursos que no son necesarios parece un despilfarro del dinero publico
Conciertos educativos Estoy en contra de cualquier concierto de la educación pública. El dinero público tiene que ser destinado a ello. Y una educación pública y de calidad es el pilar fundamental en la lucha contra las desigualdades sociales. No al concierto del bachillerato y 0-3 años
Concertación Bachillerato Buenos días. Puesto que intuyo que muchas aportaciones irán dirigidas a las razones por las que no concertar el Bachillerato, además de mis dudas que atiendan todas, me voy a permitir una reflexión acorde. Liderar o dirigir una ciudad no es tarea sencilla porque nunca contentaremos a todos/as, pero es una responsabilidad enorme cuyas medidas y decisiones deben ir dirigidas a la ciudadanía con sentido común, indagación, análisis y adecuación. Los pilares de una sociedad se basan en la sanidad y la educación y precisamente las estamos descuidando, abandonando el servicio público que siempre ha sido de altísima calidad en detrimento de las empresas privadas/concertadas. Una ciudad, una sociedad con buenos cimientos y servicios públicos prospera y perdura sin importar los colores políticos. El dinero que se dedicaría a la escuela concertada es muy necesario en la pública. Hay colegios e institutos que se caen literalmente las paredes, los techos, no cuentan con sistemas de ventilación o electricidad de calidad y un larguísimo etcétera. No podemos descuidar y abandonar así a nuestros zaragozanos/as más jóvenes. El dinero es NECESARIO en estos centros. Por favor, escuchen y hagan crítica constructiva sobre sus decisiones que nos afectan a todos y pueden marcar una sociedad.
No al concierto del bachillerato Los estudios de bachillerato no son obligatorios. La escuela pública puede satisfacer actualmente la demanda para estos estudios, ya que cuenta con suficientes plazas. Por lo cual no se justifica que el dinero previsto se destine a centros privados. Ese dinero público es necesario invertirlo en mejorar las instalaciones de los centros públicos y en personal para atender las necesidades del alumnado.
Regulación conciertos educativos Considero que esta medida es absolutamente innecesaria, ya que existen plazas de bachillerato de sobra en la educación pública para atender las necesidades de todo el alumnado, y destinar millones de euros a crear más plazas en la educación concertada es malgastar los recursos públicos. Este dinero debería destinarse a cualquier otro fin que sea positivo para la ciudadanía, como mejorar las condiciones de la educación pública o de la sanidad.

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