Editor ciudadano de Anteproyecto de Ley de modificación del Libro Tercero del Código de Derecho Foral de Aragón en relación al legado y la sucesión digital de las personas.

ANTEPROYECTO LEY DE MODIFICACIÓN DEL LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO DE DERECHO FORAL DE ARAGÓN EN RELACIÓN AL LEGADO Y LA SUCESIÓN DIGITAL DE LAS PERSONAS.

Preámbulo

I

Aragón es un territorio que históricamente ha destacado por su conexión con el Derecho. Si bien no existe ningún grupo humano que no tenga Derecho, aunque sea de tipo consuetudinario, la importancia que se le otorga no es uniforme. Como suele destacarse, citando a Joaquín Costa, el Derecho es el rasgo más sobresaliente del carácter aragonés, entendiendo el Derecho como expresión de pacto social. Confiar en el Derecho implica creer en una vía específica de solución de los conflictos frente a otras alternativas a las que, por desgracia, el ser humano ha acudido en el pasado y aún acude, como la violencia.

Dentro de esta trayectoria, en más de una ocasión el Derecho aragonés ha sido avanzadilla de varios hitos legislativos. A sí, el conocido como derecho al habeas corpus, tiene uno de sus antecedentes españoles y mundiales en la figura del “juicio de manifestación”, que recoge el fuero de 1428 De Manifestationibus personarum: Aphon sus Primus Turolli, así como otros posteriores. Antes incluso, en 1325, las Cortes de Aragón, reunidas en Zaragoza por el rey Jaime II, prohibieron el tormento y la inquisición judicial, argumentando que iban contra el Fuero y el Privilegio General. Esta prohibición, una de las “mayores libertades del Reino”, fue excepcional en la Europa de la época, donde la tortura era un procedimiento legal reglado y parte del proceso judicial “culto”, como se ha apuntado desde la doctrina jurídica.

Merece la pena subrayar del mismo modo el régimen de viudedad aragonés, cuya construcción se cree que comenzó a desarrollarse en el siglo XIII, encontrando referencias expresas al mismo en el fuero De alimentis de 1390. En el marco de los valores sociales de aquel periodo, la regulación aragonesa resultaba vanguardista, dotando de una protección a las viudas muy superior a la de otros ordenamientos de la Península y del resto de Europa.

El valor de la legislación aragonesa ha sido captado en varias ocasiones fuera de España, como refleja que el filósofo Voltaire hiciera mención en algunos de sus escritos a la figura del Justicia o que destacara positivamente el que los reyes de Aragón tuvieran que jurar que respetarían y acatarían los Fueros y Observancias de Aragón, como condición previa para asumir sus poderes reales sobre los territorios de Aragón. De nuevo, dentro del contexto de la época, se percibe una proto-idea de la Ley como fundadora de la Comunidad, del mismo modo que en la actualidad los diferentes poderes del Estado nacen de la Constitución. Durante los debates de la convención de Filadelfia de 1787, que dio lugar a la Constitución de los EEUU, varias leyes aragonesas fueron citadas como un ejemplo positivo para la protección de las libertades individuales. En particular, John Dickinson, delegado por Delaware y partidario de la abolición de la esclavitud, reflexionó sobre el Justicia de Aragón en el ordenamiento aragonés, cuando se estudiaba el papel que debían tener los jueces respecto a la Ley en el nuevo esquema constitucional estadounidense.

Más modernamente, la aprobación de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres impulsó la implantación de la figura en la sociedad aragonesa, dentro de un modelo de corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. La elaboración de la Ley no se explica sin los cambios que de forma natural ya estaban experimentando las familias, pero no cabe duda de que la entrada en vigor de la norma ayudó a acelerar decisiva y exponencialmente este proceso, con el interés superior del menor como pilar.

Asimismo, la Ley 3/2024, de 13 de junio, de modificación del Código de Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas ha sido pionera dentro de las Comunidades Autónomas españolas con competencias en materia de Derecho foral. Esta Ley no ha se limitado a ser una traslación a la realidad jurídica aragonesa de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, sino que ha sido una adaptación genuina y propia a la Convención de Nueva York, de 13 de diciembre de 2006, sobre derechos de las personas con discapacidad. Tomand o de referencia los puntos fuertes y débiles de la norma estatal, así como de otros Derechos, el legislador aragonés buscó su propio camino, conforme a sus principios y reglas, que de por sí presentaban un mayor acomodo con las bases de la Convención de Nueva York.

Haciendo un balance global de esta tradición jurídica, se observa que el legislador aragonés ha sido motor de avances y que en sus innovaciones se ha preocupado por las libertades de la ciudadanía, con las salvedades que puedan hacerse por el marco temporal y social en el que se dictaron cada una de estas normas. En ese sentido, esta nueva ley aspira a ser una pieza más dentro de este valioso legado jurídico, que contribuya al avance del Derecho, con el interés y las libertades de los aragoneses y las aragonesas en el centro.

II

La exposición de motivos del Estatuto de Autonomía de Aragón declara que el Derecho foral constituye seña de identidad de la historia de la Comunidad Autónoma, lo que se ve refrendado por la permanencia del mismo a lo largo de los siglos, incluso tras la aprobación de los Decretos de Nueva Planta. Esta importancia se refuerza en el título preliminar, donde se dice que «la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional español, ostenta por su historia una identidad propia en virtud de sus instituciones tradicionales, el Derecho foral y su cultura».

El Derecho foral está presente en varios momentos clave de la vida de los aragoneses y hasta más allá, al abarcar la ordenación de la sucesión. Desde el establecimiento de la autonomía en 1982, han sido varias las normas que se han dictado en materia de sucesiones, sobresaliendo la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte, que sustituyó la regulación en la materia que contenía el Libro II de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.

Actualmente, el Libro III del Código del Derecho Foral de Aragón recoge la normativa aragonesa de sucesiones. Desde que se aprobó el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, apenas ha habido variaciones.

La Ley 10/2023, de 30 de marzo, de modificación del Libro Tercero del Código del Derecho Foral de Aragón, relativo a las sucesiones por causa de muerte, es la que presenta un vínculo más directo en cuanto a su objeto, sin embargo, en relación al número de artículos afectados, la Ley 3/2024, de 13 de junio, de modificación del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas es la que ha tenido una mayor repercusión. Esta última Ley fue puntualizada en algunos aspectos muy concretos y de forma colateral por la Ley 1/2025, de 15 de mayo.

En cualquier caso, ninguna de estas reformas ha alterado el núcleo sustantivo de la regulación, de modo que la vigente se corresponde en esencia con la que fue la primera ley autonómica en la materia, es decir, la Ley 1/1999, de 24 de febrero, la cual, a su vez, conecta con la Compilación del Derecho Civil de Aragón de 1967, cuyo régimen actualizó. 

La normativa de sucesiones histórica ha tenido por objeto principal la ordenación mortis causa del patrimonio material de la población aragonesa; algo común a otros Derechos civiles, tanto en España como en el resto del mundo. Si bien existían algunos derechos de carácter intangible que también entraban dentro del ámbito de dicha normativa, como los ligados a la propiedad intelectual o los créditos y deudas, al final éstos también tenían su reflejo en un soporte más o menos físico, o contaban con una experiencia dilatada en cuanto a su gestión postrera. Corolario de ello, la regulación en la materia no se diseñó teniendo en mente el patrimonio y acervo digital de las personas, que presentan unas características especiales. Difícilmente, podía hacerse cuando ni si quiera la mayor parte de las obras de ciencia ficción del siglo XX anticiparon Internet, mientras, en cambio, sí que fantaseaban con otros avances que han llegado más tardíamente y de forma más limitada.

Ligado tanto al patrimonio digital como a la vertiente de la memoria, la aparición de Internet ha favorecido la construcción de un mundo paralelo al físico a lo largo de las últimas décadas. La importancia de este mundo virtual resulta hoy indiscutible a todos los niveles, tanto si analiza desde una perspectiva económica como cultural, social o emocional. Existiendo ya en los años 80 y 90 espacios de confluencia virtual como los foros o los chats, o herramientas como el correo electrónico, su relevancia palidece en comparación con el rol que juegan ahora mismo las redes sociales y otros instrumentos informáticos. Así, igual que hablamos de un mundo virtual, se puede decir que para la mayoría de las personas existe una proyección personal digital que coexiste con la desarrollada en la realidad física. Dependiendo de cada caso, podrá ser mayor o menor, pero lo habitual es que la haya, planteando nuevos retos a la hora de afrontarla.

A título ejemplificativo, el derecho de supresión, más conocido como derecho al olvido, del artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, es reflejo de los problemas derivados de la persistencia en Internet. Paradójicamente, los soportes en los que se aloja la información que consta en Internet tienen una durabilidad menor que los tradicionales como la piedra o el papel, sin embargo, en el plano virtual la persistencia de la información tiende a ser mayor, sobre todo si tomamos de referencia al conjunto de la ciudadanía. Mientras que en el pasado solo una minoría alcanzaba una notoriedad que le permitiera ser conocido por personas alejadas a su círculo familiar, profesional o íntimo, en Internet todo aquel que lo desee puede figurar y ser accesible para el resto de la humanidad, lo que genera una huella digital.

En vida, mecanismos como el citado artículo 7 dotan de opciones a la ciudadanía a la hora de gestionar dicha huella, pero tras la muerte, precisamente por la persistencia aludida de lo digital, resulta igualmente preciso disponer de recursos legales que permitan actuar. Ejemplo de ello es el artículo 96 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En esta línea, el estado de la tecnología en el momento en el que se redactaron la Ley 1/1999, de 24 de febrero o el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, no permitía suplantar a las personas y sus rasgos distintivos, o no con facilidad. De modo que no era necesario contar con disposiciones específicas que abordaran la memoria de la persona fuera de las acciones asociadas al artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En cambio, en el paradigma actual, a las personas les puede interesar disponer sobre el uso que se dará a sus datos tras su muerte, porque es posible llevar a cabo emulaciones que absorban su voz, gestos y aspecto de una forma que sea complicado distinguir la recreación artificial de la persona verdadera. En estos casos, podría crearse la impresión de que una persona en vida dijo o se comportó de una forma, cuando en realidad nunca lo hizo. Igual que la persona decide el destino de sus bienes, puede querer manifestar sus deseos o dar instrucciones respecto a esta clase de situaciones.

Resulta lógico que en el momento de redactar la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte no se tuvieran en cuenta los aspectos que desea abordar esta Ley; o que años más tarde, cuando se refundieron las leyes forales el Código del Derecho Foral de Aragón, tampoco se abriera un debate acerca de la posibilidad de incorporar previsiones específicas en esa dirección. Como se ha dicho, muchos de los medios técnicos que toma en consideración esta ley estaban disponibles desde hace tiempo. Ahora bien, ni su capacidad era la que hoy tienen, ni la sociedad los había interiorizado de la misma forma. Cabe tomar de muestra el modelo de monetización de las redes sociales, que ha contribuido a que muchos perfiles se conviertan en un activo con valor económico susceptible de integrarse en el caudal relicto, por haber trascendido de su condición de repositorio puramente personal. Este modelo se implantó con posterioridad al lanzamiento de las redes sociales e incluso entonces le llevó tiempo consolidarse. Teniendo en cuenta estos factores, se entiende que es ahora y no antes el momento apropiado para tratar la incidencia de la era digital en el fenómeno sucesorio. 

Acreditada la necesidad de la norma, se infiere con facilidad el cumplimiento del resto de principios de buena regulación, en los términos del artículo 39 del texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril.

El artículo 316 del Código de Derecho Foral establecía que «la sucesión por causa de muerte es la ordenación del destino de las relaciones jurídicas de una persona fallecida que no se extingan por su muerte y no estén sujetas a reglas distintas». Tal como estaba redactado, no hacía distinción entre el carácter virtual o físico de las relaciones, por lo que cabe entender que el Derecho de sucesiones aragonés abarcaba también la dimensión digital del patrimonio. Ahora bien, siendo así, como ya se ha expuesto, toda su regulación estaba concebida esencialmente para el patrimonio físico, cuya tangibilidad hace que la adquisición efectiva de la herencia sea realice de forma muy diferente a la de los bienes digitales, y subsidiariamente para algunos elementos intangibles, pero distintos también de los digitales.

En lo digital, el soporte donde consta la titularidad de los bienes suele venir proporcionado por un tercero a través de sus plataformas, cuyo acceso está ligado a nombres de usuario y contraseñas, o más recientemente al uso de elementos personales como la huella dactilar o el rostro de la persona. Si la persona fallecida no incluye en el testamento sus credenciales, resulta imprescindible la cooperación con los prestadores de servicios de Internet y, en general, de la sociedad de la información. También cuando se usen los modernos sistemas de identificación aludidos, que por su carácter personalismo desaparecen con la muerte de la persona. Esto hace que sea deseable dar un plus de seguridad jurídica a las solicitudes que puedan necesitar formular los herederos en cuanto a esta parte del caudal relicto.

Desde ese punto de vista, esta norma busca reforzar la seguridad jurídica de la sucesión digital, aprovechando también para resolver alguna de las críticas que se han formulado a la regulación estatal subsidiaria del artículo 96 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Este precepto reconoce una pluralidad de legitimarios a la hora de gestionar parte del legado de la persona fallecida, sin fijar una jerarquía entre ellos, lo que ha suscitado importantes dudas prácticas.

Siguiendo la estela de la Ley 3/2024, de 13 de junio, esta Ley confía en los operadores jurídicos y singularmente en el cuerpo notarial, que en el ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862 cumplen una importante labor de apoyo y de orientación. Darles un respaldo normativo en cuanto a la vertiente digital del patrimonio y la memoria puede ser útil tanto para ellos como para las personas a las que asisten. Una regulación directa de la sucesión digital y la defensa y gestión del legado tras la muerte dota de una mayor visibilidad a todos estos aspectos, propiciando que los aragoneses al testar reflexionen sobre el destino una vez no estén de sus bienes digitales y de los datos generados a lo largo de su vida; algo que, de lo contrario, les podría pasar desapercibido.

Se constata igualmente la proporcionalidad y eficacia de la norma. La ley no fija nuevas obligaciones a la ciudadanía, sino que les dota de mayores opciones y facilita el ejercicio de los derechos de los que ya disponía desde una posición de mayor seguridad jurídica. Para los operadores jurídicos como los notarios la carga que pueda introducir esta Ley es mínima, puesto que ya se integra dentro de la labor de apoyo y orientación que de manera eficaz ya prestan por su profesión. La seguridad jurídica adicional de la norma en todo caso facilita esta orientación cuando los testadores les soliciten apoyo en cuanto a las cuestiones objeto de esta norma, que en la práctica ya venían apareciendo en testamentos y pactos, solo que con un grado mayor de incertidumbre.

El texto legal promueve la eficacia en la medida en que con él se dan cobertura a todas las necesidades que motivan la elaboración de la norma. Sin perjuicio de que el potencial de las novedades que trae consigo la ley no se descubrirá en su totalidad hasta que comience su aplicación práctica, desde que entre en vigor, su contenido se puede desarrollar en plenitud.

Finalmente, en su tramitación se ha cumplido con el principio de transparencia mediante la difusión pública de los documentos integrantes del proceso de elaboración en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. La norma ha sido sometida al trámite de consulta pública previa, a informe de todos los departamentos de la Administración (incluyendo los exigidos en por el artículo 44.4 del texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón), a los informes preceptivos de la Dirección General de Servicios Jurídicos y de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil.

III

De forma concreta, el contenido de la Ley incluye tanto artículos novedosos como adiciones y modificaciones de preceptos preexistentes del Libro III del Código del Derecho Foral de Aragón; todo englobado dentro de un artículo único de modificación del Código del Derecho Foral de Aragón. En total, son 5 los artículos introducidos ex novo, 15 los apartados adicionales y 8 las modificaciones.

El Libro III antes de esta Ley abarcaba desde el artículo 316 al 536 del Código, agrupando más de 200 artículos. Tomando esta cifra se comprueba que menos de un 10% de ellos se ven afectados en su redacción por los cambios impulsados desde esta norma, y que en proporción los 5 nuevos artículos constituyen poco más que el 2,25% de los que ya incluía el Libro III. Estas cifras reflejan una de las características de la Ley y es la no ruptura con el régimen previo en materia de Derecho de sucesiones por causa de muerte, que se toma como base.

La persistencia histórica del Derecho foral aragonés se apoya sobre todo en su utilidad. Sin perjuicio de sus actualizaciones en democracia, se trata de un Derecho que se ha mostrado capaz de seguir dando respuesta a las necesidades de la sociedad aragonesa, a pesar de los cambios que se han ido produciendo en ella. Desde ese punto de vista, sería un error renegar de una regulación jurídica de calidad, que goza de aceptación por parte de la ciudadanía y es conocida por ella, y que cuenta, además, con una dilatada y exitosa experiencia práctica.

Como es lógico, en ciertos aspectos la regulación previa se veía rebasada. A veces de forma muy amplia, siendo ahí donde se ha optado por redactar artículos completos; en otros de forma más limitada, bastando en esos casos con introducir precisiones, salvedades o pequeños ajustes quirúrgicos. Varias de esas modificaciones y adiciones se dirigen solo a garantizar la adecuada concordancia con las novedades de mayor impacto, sin plantear alteraciones de fondo en los artículos que se aplican.

Teniendo en cuenta todo esto, las principales innovaciones que trae consigo la Ley versan sobre tres cuestiones: la efectiva integración del patrimonio digital en la masa hereditaria, la identidad y memoria de la persona tras la muerte, y el reconocimiento expreso de los bienes de valor simbólico o afectivo dentro de la sucesión.

Siguiendo la posición mayoritaria de la doctrina jurídica, la Ley no concibe que haya una herencia digital separada de la relativa a los bienes físicos o tradicionales. La herencia es única y agrupa todos los bienes y derechos del causante susceptibles de integrar el caudal relicto. De ahí que el enunciado del apartado 1 del artículo 316 no se haya alterado en ese aspecto, como tampoco lo hace el primer apartado del artículo 322. Aplicando el conocido principio jurídico de donde la ley no distingue no cabe distinguir, dentro de la referencia de bienes y derechos se han de entender que están comprendidos todos, tanto los físicos como los digitales.

Esta ley no establece que los bienes y derechos de naturaleza digital sean heredables, puesto que eso es algo que ya se desprendía de la naturaleza de dichos bienes y derechos, o más concretamente, de su capacidad de sobrevivir al causante. El propio carácter universal de la sucesión, que busca evitar que los bienes y derechos devengan en vacantes, ya los invitaba a formar parte de la herencia. Lo que se hace desde la Ley es facilitar que estos bienes y derechos sean tenidos en cuenta dentro del caudal relicto, especialmente en lo que se refiere en cuanto a la accesibilidad y conservación del mismos. Si no se realizan ciertas actuaciones, puede darse el caso de que esos bienes y derechos resulten inaccesibles o hayan sido eliminados en el momento en el que se produce la apertura de la sucesión o se defiere la misma, provocando un decrecimiento patrimonial que impacta de forma negativa en los herederos.

Dentro del patrimonio digital, el artículo 323 bis dedica una atención especial a las páginas webs, los perfiles en redes sociales u otros instrumentos tecnológicos de carácter análogo. Las redes sociales comenzaron como un espacio de proyección puramente personal, sin embargo, con el tiempo el modelo de Internet se ha ido orientando cada vez más hacía la monetización, por lo que los perfiles en dichas redes presentan una naturaleza más compleja. Para algunas personas pueden seguir siendo canales sin repercusión económica, utilizados solo para ejercer derechos como el de libertad de expresión o el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, en otros casos son su medio de vida principal o secundario. Incluso sin serlo inicialmente, en un futuro el contenido alojado en estos canales puede cobrar mayor notoriedad, acabando generando elevados ingresos. Por eso, el mismo soporte puede o no integrar el caudal relicto en función de la explotación económica que se haga de él. El artículo 323 ter da pautas para dilucidar sobre estas cuestiones.

Enlazando con la defensa y gestión de la identidad y memoria de los causantes, se plantea que cuando haya una subrogación de los herederos en estos perfiles, páginas web o instrumentos habrán de dejar claro cuando las publicaciones se corresponden a su titular original y cuando son realizadas por sus herederos o gestores posteriores, para no inducir a confusión.

Igualmente, la Ley aprovecha para dotar de mayor seguridad jurídica al acceso de los herederos a contenidos de escaso o nulo valor económico, pero que tienen para ellos un componente afectivo significativo, como es el caso de fotos, textos o escritos del causante alojados en algún medio asociado a un proveedor de servicios de la información (por ejemplo, una carpeta en la nube). Este acceso se conjuga con los intereses, que no derechos, del causante, como puede ser su intimidad. La inclusión de los bienes simbólicos o emocionales queda reiterada en el apartado 4 dentro de la regulación global del nombramiento de los herederos. 

El nuevo apartado 2 del artículo 322, por su parte, se dirige a dar mayor seguridad jurídica a la subrogación de los herederos en los contratos con proveedores de servicios de la sociedad de información que permiten el acceso a bienes y servicios digitales con valor económico. Una vez más, que estos contratos integren la masa hereditaria es algo que se infiere de la normativa de sucesiones, sin que sea esta Ley quien lo instituya. Ahora bien, se considera oportuno darle un refuerzo expreso, puesto que, al tratarse de realidades recientes, en origen no se pensó tanto ni por las personas usuarias ni por las proveedoras acerca de su tratamiento mortis causa. Los herederos contaran con una base más fuerte para gestionar esa parte de su patrimonio que si han de acudir a los enunciados generales preexistentes, por más que estos pudieran englobarlo también. Siendo este precepto una norma de Derecho civil foral, desde el apartado 2 se recuerda que puede haber condicionantes por parte de la legislación estatal y europea aplicables a los contratos de los que se trate.

Más adelante el apartado 4 del artículo 324 se centra en permitir a los llamados herederos que realicen las acciones pertinentes para que los contratos no decaigan antes de que se difiera la herencia. Aquí la verbalización expresa cobra más importancia, porque ni si quiera hay un título de heredero que pueda dotar de más legitimidad en la relación con los proveedores de servicios. Para evitar conflictividad práctica, que el título habilitante sea claro ayuda a que se realicen las gestiones que correspondan de forma más sencilla, en aras de los principios básicos de la sucesión que persiguen la conservación del patrimonio. Esta previsión se extiende en el apartado 3 del artículo 449 a los supuestos donde la fiducia esté pendiente de ejecución y los administrantes y representantes hayan de actuar por los mismos motivos.

A pesar de que en muchos artículos se ha optado por no distinguir entre bienes físicos y digitales, en el apartado 2 del artículo 405 sobre la voluntad testamentaria sí que se ha visto apropiado hacer una mención expresa, por ser más desconocido por la población aragonesa que pueden ordenar dentro de sus disposiciones sucesorias todo su patrimonio. Los operadores jurídicos tienden a ser más conscientes de la universalidad de la herencia, pero el grueso de la ciudadanía no tiene por qué estar tanto de esta característica jurídica.

La ciudadanía, en general, aún está acostumbrándose a las particularidades de la esfera digital cuando entra en el marco de la sucesión. Tal como reflejan las estadísticas notariales, el uso de los mal llamados “testamentos digitales” (expresión que se evita en esta ley) es escaso en la práctica. Por esa razón, con un fin clarificador, se incluye esta mención del apartado 2 del artículo 405, sin extenderla a otros preceptos.

Pasando a la otra gran novedad de la Ley, se ha incluido un segundo apartado en el artículo 316 del Código, que actúa como pórtico del Libro III. Respecto a la redacción anterior, donde era un precepto sin apartados, tras la reforma de la Ley se divide en dos apartados. El número uno se corresponde con lo que era ese contenido primigenio, mientras que el segundo es el innovador. Este último apartado sirve para anunciar desde el principio que el régimen de sucesiones incluye no solo el contenido que se ha asociado tradicionalmente a este ámbito jurídico, sino también la ordenación por las personas físicas de los aspectos ligados a la defensa y gestión de su identidad y memoria postrera. En puridad, con la redacción antigua ya se hubiera podido entender comprendida está dimensión, puesto que en ningún momento dice que la sucesión solo abarca la perspectiva patrimonial del causante; ahora bien, como ocurre con otros de los cambios de la Ley, al no ser algo habitual se entienden necesarios estos refuerzos verbales, que hagan notar con claridad el alcance total de la legislación de sucesiones. Igual que en el artículo 316, se sigue este mismo proceder en los artículos 318.2, 328.2, 377, 381, 389.1, 439, 476.2 o 511.1.

Lo que decía el 316, y aún hoy dice su apartado 1, es que la sucesión por causa de muerte comprenderá las relaciones jurídicas que no se extingan por su muerte y que no estén sujetas a reglas distintas. La clave no radica en el elemento patrimonial sino en la persistencia tras la muerte. A pesar de que los derechos de la personalidad se extinguen con el fallecimiento, una emanación de los mismos sobrevive a la persona. Este interés remanente, como ya se ha visto, aparece ligado en la legislación estatal al Derecho de sucesiones. Bien por invocar figuras propias de él como el testamento, en el caso del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, o por reconocer su incardinación directa, como hace el artículo 96.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La Ley 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña es un claro ejemplo de esta realidad.

Aunque se reconozca su conexión con el campo sucesorio, se entiende desde la Ley que la identidad y memoria de una persona no puede equipararse al patrimonio. Si bien las personas forjan vínculos con sus bienes, a veces incluso de forma muy intensa, su destino postrero es menos relevante y si lo es para el causante, siempre puede haber establecido previsiones en su testamento para acotar su transmisibilidad. Que el dinero de una cuenta corriente o un bien inmueble acaben a través de varias sucesiones en personas alejadas familiar o afectivamente por el causante, es menos grave a que lo hagan las facultades para ejercitar la defensa y gestión de su identidad y memoria. Si se integraran sin más en el caudal relicto como un bien o derecho más, al final podría estar decidiendo sobre aspectos vitales del legado personal del causante alguien sin ningún vínculo con él. Por eso, dando preferencia siempre a la voluntad del causante, en base al principio standum est chartae, el régimen legal en defecto de previsiones voluntarias se dirige a que las facultades de defensa y gestión permanezcan en el entorno próximo de la persona fallecida.

Esta razón deriva tanto en la configuración en el artículo de 319 bis de una transmisión en bloque por defecto, sin reconocimiento de la sustitución legal (algo que sí ocurre con los bienes), como en el hecho de que se limite dicha transmisión inicial entre los descendientes, ascendientes, el cónyuge viudo y los parientes colaterales de segundo grado, y que en transmisiones ulteriores siga buscándose la proximidad familiar y afectiva a la hora de dignar a las personas legitimadas. Si en el caso particular, la persona está más allegada a un primo o a un amigo siempre va a poder establecer que sean quienes ejerzan estas facultades en vez de estos parientes más próximos. Sin embargo, la Ley debe partir de lo frecuente, y lo normal es que sea este núcleo el que esté en mejores condiciones para desarrollar esta legitimación.

Por contraste con la herencia, la cual, por regla general, pasa a ser de libre disposición para los herederos una vez se integran en su patrimonio con la aceptación (salvo que se haya previsto alguna condición), estas facultades al ejercerse en interés del causante, no pueden ser una res commercium más, de ahí que las personas legitimadas no puedan transferir estas facultades a otras personas ni en vida, ni en muerte, por ejemplo, a través de un testamento o un pacto sucesoria. Esta situación puede quedar alterada, si así lo habilita expresamente el causante, porque siempre es él quien tiene la última palabra, pero en defecto de pronunciamiento, la Ley intenta evitar que se pervierta la naturaleza de estas facultades, procurando mantener siempre su orientación en beneficio de los intereses memoriales de la persona fallecida.

A pesar de la separación que media entre la herencia y la legitimación para ejercer las facultades de defensa y gestión de la identidad y la memoria, puede haber ciertos aspectos donde se genere una superposición, como es el caso de los derechos de propiedad intelectual o, en mucho menor grado, industrial. Los autores tienen respecto a su obra unos derechos morales y unos de explotación económica. Por los de este segundo tipo, forman parte del caudal relicto y pueden ser heredados, con las especialidades que marca la legislación en relación al límite temporal. Sin embargo, por los del primero, también tienen un componente que repercute sobre la memoria y legado de las personas, especialmente en la actualidad, donde es posible generar de forma automatizada obras derivadas a partir del trabajo previo desarrollada en vida. Este supuesto, contemplado en el apartado 2 del artículo 319 bis, es la excepción general a la summa divisio que impregna a estas dos áreas.

En la búsqueda de prever el mayor número de escenarios posibles, el artículo 319 bis contiene reglas tanto para caso de que se haya designado a una persona jurídica como legitimada y está de forma ulterior se disuelva, como para la pérdida de autonomía en el ejercicio de capacidad jurídica. Para identificar está perdida de la autonomía, se acude a las nociones establecidas en el Código tras la reforma de la Ley 3/2024, de 13 de junio.

Si se agotan las previsiones voluntarias y legales y no es posible designar una persona legitimada, la Ley aun reserva un papel puramente defensivo a la junta de parientes en colaboración con el ministerio fiscal dentro de las coordenadas del artículo 4 de Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (o de sus futuros equivalentes, si se aprueba una nueva norma). A diferencia del resto de sujetos legitimados, como en este caso habría ya un alejamiento significativo de la persona fallecida, no se considera apropiado otorgarles el mismo haz de facultades. Las que tienen un perfil más proactivo pueden generar perjuicios al legado memorial del causante si no se usan de forma adecuada, de ahí que se les restrinjan. Pero las defensivas, al dirigirse al mantenimiento del statu quo, incluso si se usan de forma improcedente, no deberían dañarlo, y si eran pertinentes, le benefician. Además, se cuenta con el tamiz del ministerio fiscal, cuya actuación está orientada legalmente a la defensa de los intereses públicos.

Definido a quien le corresponde ejercer estas facultades entre el artículo 319 bis y el 518 bis, el artículo 319 ter marca el cómo. En este precepto se establecen los principios que rigen la defensa y gestión de la identidad y memoria postrera, dando preferencia, en primer lugar, y como no puede ser otra forma, a la voluntad del causante plasmado en testamento o pacto sucesorio. En defecto de la misma, y con el modelo de la regulación sobre capacidad jurídica, se anima a acudir a la personalidad pretérita y cuando sea desconocida, como última salvaguarda, a criterios de dignidad humana. La dignidad humana es la base de nuestro sistema de valores y de los derechos de la persona en la Constitución, por lo que no teniendo otra pauta parece que es un criterio prudente desde el que actuar. La personalidad pretérita no puede ser considerada como un bien más de libre disposición para los herederos o personas legitimadas. Su defensa y gestión debe responder a los intereses de la persona fallecida.

Cuando sean varias las personas legitimadas para ejercer estas facultades, el apartado 5 marca una serie de reglas a la hora de adoptar las decisiones sobre las mismas. Primero, desde la Ley se espolea a la unanimidad, bajo la consideración de que esta será la mejor forma de ejercerlas. Sin embargo, conscientes de que no siempre se podrá alcanzar, se marca la regla de la mayoría. Los empates impiden tomar la decisión, salvo que sea en el marco de las acciones defensivas, con la misma filosofía planteada respecto al rol subsidiario de la junta de parientes respecto a ellas. Se entiende que no pueden generar perjuicios, pero si beneficios, por lo que, habiendo división entre las personas legitimadas, para decantar la votación se da preferencia a lo que puede beneficiar. Ante actuaciones más proactivas, revertirlas resulta más complejo, por lo que parece lógico exigir que haya una mayoría clara que las respalde, como mínimo.

En la Ley, concretamente en el apartado 6 de este artículo 319 bis, se aclara que las votaciones no pueden alterar los parámetros del apartado 1. Una vez más, es la voluntad del causante y sus intereses la columna vertebral, de manera que las personas legitimadas decidirán dentro de este marco, con los límites que se infieran de él. Dentro de él, pueden decidir, pero el campo les viene dado, más allá de las lógicas dificultades que implica en ocasiones interpretar los intereses y voluntad de la persona fallecida.

La recreación digital de las personas fallecidas es quizá una de las prácticas que más pueden afectar a la identidad y memoria de la persona, en la medida en que pueden emularla y dar la impresión de que es el causante el que se expresa, siendo un conjunto de sistemas algorítmicos. Se trata de una ilusión de la persona y no de la propia persona. A causa de ello, se le ha querido dar un tratamiento específico, en el que, sin prohibir esta práctica, sea la propia persona la que decida si quiere o no que se lleve a cabo, y en ese caso, en qué condiciones.

Asimismo, se ha insistido en la necesidad de que la ejecución de estas recreaciones no desvirtué la impresión que tengan los demás de la persona, generando una falsa imagen. Este principio motiva también que la producción postrera de imágenes, textos, vídeos, audios o cualesquiera otras formas de expresión a partir de la expresión original de la persona fallecida, quede condicionada a que se garantice la diferenciación entre lo realizado en vida y lo generado tras la muerte de forma derivada.

Como cláusulas de cierre, en el artículo 319 bis se indica, por un lado, que estas recreaciones deben contar con un refrendo expreso en vida del causante y, por otro, que, de no haber ninguna persona física o jurídica legitimada para desempeñar la defensa y gestión de la identidad y memoria del causante, solo será posible llevar a cabo recreaciones post-mortem cuando de antemano lo haya autorizado en testamento o pacto sucesorio, se infiera de forma clara de su personalidad pretérita, o en los supuestos donde la producción cultural y artística lo permita, en los términos definidos por la legislación estatal. Esta última observación va en la línea de otras, reconociendo el ámbito del Derecho foral, sin pretender interferir con el espacio competencial estatal propio.

Considerando el papel que ejercen los notarios a la hora de asesorar y orientar a las personas que acuden a solicitar sus servicios, se cree desde la Ley que están en muy buenas condiciones de cara a visibilizar al ciudadano estas opciones y ayudarles en su ejercicio. El artículo 408 ahonda en el contenido de su apartado 1 con obligaciones específicas acerca del patrimonio digital y la identidad y memoria.

La Ley asimismo modula algunas cuestiones generales de la sucesión a las especialidades de la defensa y gestión de la identidad y memoria de las personas. Es el caso de las situaciones de yacencia, los llamamientos a favor de no nacidos o menores de edad, la capacidad sucesoria de las personas jurídicas.

Por último, igual que existe un régimen de sucesión legal para el patrimonio, se fija en el 518 bis uno para la defensa y gestión de la identidad y memoria del causante. La base del mismo está inspirada en la sucesión legal patrimonial, pero con pequeños ajustes para que estas facultades se ejerzan por el núcleo cercano a la persona fallecida, tal y como se ha explicado antes. De ahí que primero sean llamados los descendientes, en defecto de ellos los ascendientes, después el cónyuge viudo y por último los hermanos, otorgando un papel a la junta de parientes, pero de forma más limitada y con una orientación estrictamente defensiva en la que las facultades más proactivas quedan restringidas. En relación a esta vertiente, se ha querido fortalecer el papel del cónyuge viudo, entendiendo que puede estar en buena disposición para interpretar la voluntad del causante, por la relación de afectividad que mantuvieron en vida. Electiva, además.

Así, en general, todos estos artículos se inscriben en la tradición legal aragonesa favorable a la libertad individual, dentro de una visión integral del misma.

IV

Dentro del contexto descrito, esta ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Aragón en el artículo 71.2ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, que alude a la conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés, tal como se reconoce en el artículo 149.1.8 de la Constitución española. La posibilidad de desarrollar una normativa de este carácter dentro de este título competencial ha sido reconocida de manera expresa por la legislación estatal en el artículo 96.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que indica que «lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se regirá por lo establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación».

Artículo único.— Modificación del Texto Refundido de las Leyes Civiles Aragonesas aprobado, con el título de “Código del Derecho Foral de Aragón”, por el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo

Uno. Se modifica el artículo 316, dividiéndolo en dos apartados. El primero recoge el contenido inicial del precepto y el segundo añade contenido nuevo, quedando con la siguiente redacción:

Artículo 316. La sucesión por causa de muerte.

1. La sucesión por causa de muerte es la ordenación del destino de las relaciones jurídicas de una persona fallecida que no se extingan por su muerte y no estén sujetas a reglas distintas. En los pactos sucesorios algunos efectos de la sucesión mortis causa se anticipan a la muerte del instituyente.

2. El régimen de sucesiones abarca asimismo la ordenación por parte de las personas de los aspectos asociados a la defensa y gestión de su identidad y memoria tras su muerte. Además de los artículos que se refieran de manera expresa a ella, resultarán aplicables a esta vertiente las normas generales de este Código acerca de los modos y momento de la delación, ordenación, lugar y momento de apertura de la sucesión, capacidad e indignidad para suceder, sucesión paccionada, institución a favor de contratante, institución recíproca, pactos de renuncia, revocación, modificación e ineficacia de estipulaciones, sucesión testamentaria, fiducia sucesoria, validez de las condiciones en las sucesiones voluntarias, y causas y efectos de la desheredación. 

Dos. Se modifica el artículo 318, dividiéndolo en dos apartados. El primero recoge el contenido inicial del precepto y el segundo añade contenido nuevo, quedando con la siguiente redacción:

Artículo 318. Ordenación voluntaria.

1. El causante goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión por pacto, por testamento individual o mancomunado, o por medio de uno o más fiduciarios, sin más límites que el respeto a la legítima y los generales del principio standum est chartae.

2. En relación con la vertiente del apartado 2 del artículo 316 de este Código, el causante goza igualmente de la más amplia libertad de ordenación por pacto, por testamento individual o mancomunado, o por medio de uno o más fiduciarios, sin más límites que los generales del principio standum est charte y aquellos que se deriven de la legislación estatal en materia de derechos fundamentales.

Tercero. Se añade un nuevo artículo 319 bis con la siguiente rúbrica y contenido:

Artículo 319 Bis. Transmisibilidad de las facultades de defensa y gestión de la identidad y memoria

1. Para determinar las personas legitimadas para ejercer la defensa y gestión de la identidad y memoria del causante se atenderá en primer lugar a lo que haya establecido mediante testamento o pacto sucesorio. En ausencia de previsiones o resultando imposible cumplirla, se acudirá a las reglas del artículo 518 Bis, salvo que el causante lo hubiera restringido o prohibido expresamente en testamento o pacto sucesorio.

2. Las facultades asociadas a la gestión y defensa de la identidad y memoria de una persona fallecida no integrarán el caudal relicto de su herencia, salvo cuando se proyecten sobre bienes o derechos de contenido patrimonial, como los relativos a la propiedad intelectual o industrial.

3. A pesar de no formar parte del caudal relicto, estas facultades resultarán trasmisibles mortis causa tanto a los descendientes del causante como a los de sus hermanos, siempre que no lo hubiera prohibido o restringido mediante testamento o pacto sucesorio. Igualmente, el causante, en virtud del principio standum est chartae, podrá establecer que estas facultades sean trasmisibles a los descendientes de cualquier persona que designe como legitimada para ejercer la gestión y defensa de su identidad y memoria.

4. Salvo que el causante lo hubiera previsto, las personas legitimadas no podrán otorgar su legitimación a otras personas, ni mediante actos inter vivos ni mortis causa. La transferencia de la legitimación de estas facultades se limitará a lo establecido en el apartado siguiente.

5. Si una persona física legitimada fallece o no puede ejercer por sí misma su capacidad jurídica, pero existen otras personas legitimadas, no se designará a otra persona para que ejerza sus facultades. Si no hubiera ninguna persona más legitimada, por orden de preferencia:

1) Se acudirá a lo previsto por el causante en su testamento o pacto sucesorio.

2) Si no hubiera contemplado nada o no resultara posible cumplirlo, se aplicarán las reglas del artículo 518 de este Código, salvo que la persona fallecida o que no puede ejercer de forma autónoma su capacidad jurídica hubiera adquirido su legitimación en aplicación de este mismo artículo.

3) Descartada el apartado anterior, si la persona fallecida o que no puede ejercer de manera autónoma su capacidad jurídica es descendiente del causante, se transferirán las facultades de forma mancomunada al grado siguiente de descendientes del causante.

4) Si careciera el causante de descendencia de línea directa, se transferirán las facultades a su cónyuge viudo, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 531.1 del Código.

5) En defecto de cónyuge, la transferencia será para los hermanos del causante de forma mancomunada.

6) De haber fallecido los hermanos, o no poder ejercer por sí mismos su capacidad jurídica, sus descendientes en línea directa y de grado más próximo asumirán de forma mancomunada estas facultades.

6. En los supuestos de los números 3 y 6 del apartado anterior, cuando todas las personas legitimadas hayan fallecido o no puedan ejercer por sí mismas su capacidad jurídica, se producirá la transferencia de las facultades al grado siguiente de sus descendientes de forma mancomunada.

7. Las previsiones de este artículo acerca del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas legitimadas únicamente se aplicarán cuando la situación que imposibilita o dificulta severamente este ejercicio tenga carácter persistente, atendiendo a las reglas sobre capacidad de este Código. De revertirse dicha situación, las personas legitimadas recobrarán sus facultades.

8. Si el causante hubiera designado a una persona jurídica para que ejerza todas o parte de estas facultades y está se disuelve, se aplicarán las reglas previstas para el fallecimiento o perdida de la autonomía en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas físicas legitimadas.

9. En ausencia de persona física o jurídica legitimada, por haberse agotado las opciones voluntarias, derivadas de la sucesión legal, o de la transferencia entre descendientes de línea directa o colaterales, la junta de parientes podrá solicitar al ministerio fiscal el ejercicio de las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen previstas en la legislación estatal.

10. No se reconoce la sustitución legal en relación con estas facultades.

Cuarto. Se añade un nuevo artículo 319 Ter con la siguiente rúbrica y contenido:

Artículo 319 Ter. Principios que rigen la defensa y gestión de la identidad y la memoria tras la muerte

1. La defensa y gestión de la identidad y memoria del causante deberá realizarse atendiendo a las instrucciones dadas por el causante en testamento o pacto sucesorio. En lo no previsto en dichas instrucciones o en ausencia de testamento o pacto, se atenderá a la que fuera su personalidad pretérita, valorando su voluntad y preferencias en vida. Cuando no pueda ser conocida, se seguirán criterios de respeto y salvaguarda de la dignidad humana.

2. El respeto y la salvaguarda de la dignidad humana serán parámetro de interpretación de las instrucciones otorgadas expresamente por el causante, cuando se planteen dudas en cuanto a su sentido y no baste con acudir a su tenor para resolverlas.

3. Cuando se autorice la generación de imágenes, textos, vídeos, audios o cualesquiera otras formas de expresión basados en los producidos en vida por el causante, las personas encargadas de la defensa y gestión de su memoria deberán garantizar que sea posible distinguir esta nueva producción de la que desarrolló en vida.

4. Cuando las personas encargadas de defender y gestionar la identidad y la memoria del causante autoricen la recreación post-mortem de su imagen, incluyendo la voz y el resto de elementos distintivos de su personalidad, mediante sistemas de inteligencia artificial u otras tecnologías de carácter análogo, deberán velar para que esta recreación no provoque la impresión de que el causante tenía unas opiniones, ideas o valores diferentes a los que manifestó en vida.

5. En aquellos supuestos donde una pluralidad de personas estén legitimadas para ejercer la defensa y gestión de la identidad y memoria del causante, las decisiones se adoptarán preferentemente por unanimidad de las personas legitimadas. Si no les resultara posible alcanzar un acuerdo entre todas ellas, bastará para adoptar la decisión con que la mayoría la apoye. En caso de empate, no se adoptará la decisión, salvo que esta tenga por objeto el ejercicio de las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen del causante contempladas en la legislación estatal.

6. Las decisiones del apartado anterior deberán respetar en todo caso lo establecido en el apartado 1 de este artículo, no pudiendo apartarse de él ni siquiera por unanimidad.

7. La recreación post-mortem de la imagen del causante, incluyendo la voz y el resto de elementos distintivos de su personalidad, mediante sistemas de inteligencia artificial u otras tecnologías de carácter análogo exigirá que lo haya autorizado expresamente en vida.

8. De no haber ninguna persona física o jurídica legitimada para desempeñar la defensa y gestión de la identidad y memoria del causante, solo será posible llevar a cabo recreaciones post-mortem de su imagen, cuando de antemano lo haya autorizado en testamento o pacto sucesorio, se infiera de forma clara de su personalidad pretérita, o en los supuestos donde la producción cultural y artística lo permita, en los términos definidos por la legislación estatal.

Quinto. Se añade un nuevo artículo 323 Bis con la siguiente rúbrica y contenido:

Artículo 323 Bis. Especialidades del patrimonio digital

1. Las páginas webs, los perfiles en redes sociales u otros instrumentos tecnológicos de carácter análogo que el causante explotara económicamente en vida, o que fueran susceptibles de ser explotados económicamente, valorando su contenido, formarán parte del caudal relicto, en los términos establecidos por la legislación estatal y europea en materia de consumidores o, en su caso, de contratación. No integrarán el caudal relicto los perfiles que se limiten a ser expresión de la identidad del causante en la esfera digital. En este último supuesto, la no integración de los perfiles en el caudal relicto no será óbice para que sí lo hagan los contenidos que alojen y que puedan estar sujetos a derechos de propiedad intelectual o industrial.

2. Para determinar el carácter económico o no de los perfiles, páginas u otros instrumentos tecnológicos se atenderá a los usos sociales y económicos del momento en el que se produzca la apertura de la sucesión.

3. Si los herederos no se limitan a mantener estos perfiles, páginas y demás instrumentos tecnológicos de carácter análogo tras la muerte del causante y hacen nuevas publicaciones, deberán procurar que se identifique con claridad que estas no han sido realizadas por su titular original.

4. En relación a los bienes de valor simbólico o emocional que se hallen en soporte digital, tales como fotos, grabaciones o vídeos, salvo que el causante hubiera establecido lo contrario, o se infiera de su contenido que tienen un carácter íntimo, cada heredero podrá solicitar que se le proporcione una copia de ellos. Cuando estos bienes estén alojados por prestadores de sociedades de servicios en la información, deberán facilitar a los herederos o personas legitimadas el acceso a los mismos, con los límites definidos por la legislación europea y estatal en la materia y el apartado 6 de este mismo artículo. El coste de llevar a cabo la copia será asumido por la persona que la solicite.

5. A efectos del apartado anterior, se entenderá que los bienes presentan un carácter íntimo cuando se infiera que están reservados para una persona o grupo de personas específicas, o que, de acuerdo con los usos sociales, el causante no desearía que se divulgarán de forma generalizada.

6. Las personas legitimadas podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a los contenidos que aloje el causante e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión. Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley.

7. La prohibición del apartado anterior no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto desde un punto de vista económico.

8. La prohibición de acceso del apartado 6 deberá expresar preferentemente en testamento. En defecto de testamento, se atenderá a lo que hubiera manifestado de manera expresa y personal el causante en el marco de su relación contractual con la prestadora de servicios digitales. En caso de conflicto, prevalecerá la opción adoptada en el testamento.

Sexto. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 322, reenumerando los apartados 2 y 3 originales como 3 y 4 respectivamente. El artículo queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 322. Adquisición de la herencia.

1. El llamado a título de heredero que acepta la herencia adquiere los bienes y derechos de la misma, se subroga en las obligaciones del causante y queda obligado a cumplir las cargas hereditarias, todo ello desde el momento de la delación.

2. El llamado a título de heredero se subroga en la posición del causante dentro de los contratos con proveedores de servicios de la sociedad de información que permiten el acceso a bienes y servicios digitales con valor económico, en los términos establecidos por la legislación estatal y europea en materia de consumidores o, en su caso, de contratación.

3. En la herencia deferida por pacto sucesorio los efectos transmisivos dependen de lo pactado, sin que tras la muerte del instituyente se requiera nueva aceptación del instituido que intervino en el pacto.

4. El sucesor a título particular adquiere su derecho desde el momento de la delación, sin perjuicio de la posibilidad de repudiarlo.

Séptimo. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 323, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 323. Ineficacia del llamamiento voluntario.

1. Cuando resulte ineficaz un llamamiento voluntario, no haya sustituto del mismo carácter o legal ni tenga lugar el derecho de acrecer, la porción vacante del llamado a heredar pasará a los herederos legales del causante y si se trata de un legado se refundirá con la masa de la herencia.

2. Quien hereda como consecuencia de la ineficacia de un llamamiento voluntario, aunque sea como heredero legal, queda sujeto a las mismas modalidades, limitaciones y obligaciones impuestas al primeramente designado, salvo que sean puramente personales de éste o que el disponente hubiera previsto otra cosa.

3. Cuando resulte ineficaz el llamamiento voluntario en relación a la defensa y gestión del legado y memoria del causante, salvo que hubiera dispuesto por testamento o pacto otra regla, el resto de llamados voluntarios asumirán esta tarea. Solo en ausencia de más llamados voluntariamente se acudirá a lo dispuesto por el artículo 518 bis. 

Octavo. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 324, reenumerando los apartados 4 y 5 originales como 5 y 6 respectivamente. El artículo queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 324. La herencia yacente.

1. Desde la apertura de la sucesión hasta la aceptación del llamado la herencia carece de titular.

2. La administración de la herencia yacente corresponderá a la persona que hubiera designado, en su caso, el causante.

3. A falta de administrador los llamados como herederos podrán realizar exclusivamente actos posesorios, de conservación, vigilancia y de administración de la herencia. Dichos actos por sí solos no implican la aceptación de la misma.

4. Dentro de los actos del apartado 3, los llamados como herederos estarán facultados para ejercer las acciones necesarias para evitar la interrupción de los contratos con proveedores de servicios de la información suscritos por el causante y que puedan incidir en la sucesión, bien por afectar o integrar el caudal relicto, o bien por repercutir en la gestión y defensa de la identidad y memoria del causante. 

5. Asimismo, los llamados como herederos podrán instar el nombramiento de un administrador judicial de la herencia de acuerdo con lo establecido en las leyes procesales.

6. La situación jurídica de la herencia yacente en los casos de fiducia se regirá por sus propias normas.

Noveno. Se añade un nuevo artículo 325 bis con la siguiente rúbrica y contenido:

Artículo 325 bis. La protección de la identidad y memoria mientras la herencia se halla yacente

Mientras la herencia se halle yacente, a falta de previsión expresa y distinta del causante mediante pacto o testamento, en defensa de su personalidad pretérita los llamados como herederos podrán ejercer las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen del causante contempladas en la legislación estatal.

Décimo. Se modifica el título del artículo 326 con la siguiente rúbrica:

Artículo 326. Llamamientos patrimoniales a favor de no nacidos.

Undécimo. Se añade un nuevo artículo 326 bis con la siguiente rúbrica y contenido:

Artículo 326 bis Llamamientos a favor de no nacidos o menores de edad en relación a la defensa y gestión de la identidad y memoria.

1. Cuando corresponda a un todavía no nacido o un menor de edad la defensa y gestión del legado y memoria del causante y este no haya previsto ningún régimen transitorio, hasta que alcance la mayoría de edad, la defensa y gestión se ejercerá por quienes hubieran sido designados conforme al artículo 518 bis. Si la atribución al no nacido o al menor de edad surge en virtud del artículo 518 bis, se ejercerá por los parientes mayores de edad del mismo grado y línea o, si no los hubiera, por el primer pariente de mayor edad que resulte de continuar aplicando las reglas del artículo 518 bis.

2. Los menores de edad mayores de catorce años comprendidos en el apartado anterior deberán ser consultados antes de adoptar cualquier decisión sobre la defensa y gestión del legado y memoria del causante.

Duodécimo. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 327, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 327. Capacidad sucesoria de las personas jurídicas.

1. Tienen capacidad sucesoria las personas jurídicas constituidas legalmente al tiempo de la apertura de la sucesión.

2. Si el causante, en su disposición por causa de muerte, crea u ordena crear una persona jurídica que solo quede constituida legalmente después de la apertura de la sucesión, esta tendrá capacidad para adquirir las atribuciones patrimoniales ordenadas por el causante desde que tenga personalidad, pero los efectos se retrotraerán al momento de la delación.

3. El causante podrá atribuir a una persona jurídica la defensa y gestión de su identidad y memoria tras su muerte. Esta atribución podrá ser en régimen de exclusividad o compartida con otras personas, en los términos que fije en la ordenación de su sucesión.

Decimotercero. Se modifica el artículo 328 dividiéndolo en dos apartados. El primero recoge el contenido inicial del precepto y el segundo añade contenido nuevo, quedando con la siguiente redacción:

Artículo 328. Causas de indignidad.

1. Son incapaces de suceder por causa de indignidad:

a) El que fuera condenado en sentencia firme por haber atentado dolosamente contra la vida o por haber causado lesiones graves al causante, su cónyuge o pareja estable no casada, descendientes o ascendientes, al fiduciario o a otro llamado a la herencia cuya muerte favorezca en la sucesión al indigno.

b) El que fuera condenado en sentencia firme a pena grave por haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al causante, su cónyuge o pareja estable no casada, descendientes o ascendientes.

c) El que fuera condenado en sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante o alguna de las personas a que se refiere la letra anterior.

d) El que fuera condenado en sentencia firme a pena grave por haber cometido un delito contra los derechos y deberes familiares, respecto de la herencia de la persona agraviada.

e) El que fuera privado por resolución judicial firme de la autoridad familiar o removido de la tutela o curatela o cesado del acogimiento familiar de un menor por causa que le sea imputable por dolo o culpa grave, respecto de la herencia del mismo y sus descendientes.

f) El que fuera condenado en sentencia firme por denuncia falsa o falso testimonio contra el causante o el fiduciario por un delito para el cual la ley señale una pena grave.

g) El que, sabedor de la muerte violenta del causante, no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia, cuando esta no hubiera procedido ya de oficio, salvo que, según la ley, no tuviera obligación de acusar.

h) El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al causante o al fiduciario a otorgar, revocar o modificar las disposiciones sucesorias.

i) El que por iguales medios impidiera a otro otorgar pacto sucesorio, testamento o acto de ejecución de la fiducia, o revocar o modificar los que tuviese hechos, o destruyera, suplantara, ocultara o alterase otros posteriores.

j) Cuando el causante haya precisado de medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica:

– El que, sin causa justificada para ello, no aceptase la responsabilidad del ejercicio de medidas de apoyo o renunciase a la misma.

– El que por acción u omisión negligente grave o dolosa haya sido judicialmente removido de la responsabilidad del ejercicio de medidas de apoyo.

2. Las causas de indignidad impedirán la sucesión también en relación con la defensa y gestión de la identidad y memoria del causante.

Decimocuarto. Se modifica el artículo 331 que queda con la siguiente redacción:

Artículo 331. Deber de restitución.

El indigno de suceder que hubiera entrado en posesión de los bienes de la herencia o del legado tendrá que restituirlos con sus accesiones y con todos los frutos y rentas que haya percibido. Igualmente, si hubiera ejercido alguna de las facultades relativas a la defensa y la gestión de la identidad y memoria del causante y las personas legitimadas rechazaran su actuación, el indigno deberá reestablecer la situación preexistente o indemnizar a las personas legitimadas por los perjuicios que hubiera causado su proceder.

Decimoquinto. Se añade un nuevo artículo 354 bis con la siguiente rúbrica y contenido:

Artículo 354 bis. Aceptación o repudiación de la legitimación para la defensa y gestión de la identidad y memoria del causante

1. Cuando una persona ostente la condición de heredero y al mismo tiempo se le haya designado voluntariamente o por sucesión legal como legitimaria para la defensa y gestión de la identidad y memoria del causante, el acto de aceptación de la herencia implicará asimismo la aceptación de las funciones asociadas a la identidad y memoria del causante. No cabrá la aceptación de la herencia y el rechazo de la legitimación.

2. Si la persona no ostenta la condición de heredero, la persona designada podrá aceptar o repudiar la asunción de esta legitimación. 

3. El momento de la aceptación o repudiación de esta legitimación será el mismo que el de la herencia. Mientras se encuentre yacente la herencia, se aplicará lo previsto en el artículo 325 bis de este Código.

4. En lo que resulte aplicable, las reglas de la aceptación o repudiación de la herencia regirán también en la vertiente del artículo 316.2 de este Código.

Decimosexto. Se modifica el artículo 377 que queda con la siguiente redacción:

Artículo 377. Validez y forma.

Son válidos los pactos que sobre la propia sucesión se convengan en escritura pública, así como los que en relación con dicha sucesión otorguen otras personas en el mismo acto, incluyendo los relativos a la vertiente del artículo 316.2 de este Código.

Decimoséptimo. Se modifica el apartado 1 del artículo 381 que queda con la siguiente redacción:

Artículo 381. Contenido.

1. Los pactos sucesorios pueden contener cualesquiera estipulaciones mortis causa a favor de los contratantes, de uno de ellos o de tercero, a título universal o singular, con las sustituciones, reservas, fiducias, modalidades, cargas y obligaciones que se convengan. Estas estipulaciones podrán incidir en la vertiente del artículo 316.2 de este Código.

2. Además del régimen sucesorio, puede también pactarse en capitulaciones matrimoniales en consideración a la casa el establecimiento de una comunidad familiar entre instituyentes e instituido y sus familiares, regulando los derechos y las obligaciones de los que la integran.

Decimoctavo. Se modifica el apartado 1 del artículo 389, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 389. Efectos.

1. En la institución de presente de heredero universal, el instituido adquiere todos los derechos de que sea titular el instituyente al otorgamiento del pacto, salvo los que se hubiera reservado y, particularmente, los relativos a la vertiente del artículo 316.2 de este Código.

2. Salvo pacto en contrario, los bienes que el instituyente adquiera con posterioridad pasarán al instituido en la forma establecida para la institución para después de los días.

Decimonoveno. Se modifica el apartado 1 del artículo 395, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 395. Efectos.

1. En la recíproca institución de heredero, o pacto al más viviente, el sobreviviente hereda los bienes del premuerto, siempre que éste no tenga descendientes, o todos ellos fallezcan antes de llegar a la edad para poder testar. Igualmente, reconoce al sobreviviente como persona encargada para la defensa y gestión de su identidad y memoria.

2. Los terceros designados herederos o legatarios en los bienes que quedaren al fallecer el último de los otorgantes del pacto sucederán en los procedentes del primeramente fallecido directamente de éste, como sustitutos de aquél, salvo estipulación en contrario.

3. Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el instituyente supérstite sin haber dispuesto por cualquier título de los bienes procedentes del primeramente fallecido, se deferirán los que quedaren a los parientes llamados, en tal momento, a la sucesión legal de éste, como herederos suyos y sustitutos de aquél. A falta de estos parientes, tales bienes quedan integrados en la herencia del sobreviviente.

4. A la institución recíproca le son aplicables los artículos 392 a 394.

Veinte. Se modifica el apartado 2 del artículo 405 y se añade un nuevo apartado 3, de modo que el 3 original se reenumera como 4. El artículo queda con la siguiente redacción:

Artículo 405. Voluntad testamentaria.

1. La sucesión testamentaria se rige por la voluntad del disponente o disponentes manifestada consciente y libremente en testamento otorgado conforme a la ley.

2. El testamento podrá contener cualesquiera disposiciones relativas a la ordenación de la sucesión del testador o testadores, comprendiendo tanto su patrimonio físico como digital, así como cualquier derecho tangible o intangible del que sea titular.

3. El testador podrá establecer en el testamento limitaciones al ejercicio por sus herederos de las acciones derivadas de la protección civil de su honor, intimidad o imagen, así como de cualquier otro aspecto propio de la personalidad pretérita del causante. En concreto, podrá prohibir o sujetar a condiciones que su imagen, incluyendo la voz y el resto de elementos distintivos de su personalidad, sea objeto de recreación mediante sistemas de inteligencia artificial u otras tecnologías de carácter análogo.

4. Las disposiciones de carácter no patrimonial que la ley permite insertar en testamento son válidas si forman parte de un acto revestido de forma testamentaria, aunque en él no figuren disposiciones de carácter patrimonial.

Veintiuno. Se añade nuevos apartados 2 y 3 al artículo 408, reenumerando los apartados 2 y 3 originales como 4 y 5:

Artículo 408. Capacidad para testar.

1. Pueden testar todas las personas físicas que, al tiempo de otorgar el testamento, sean mayores de catorce años y puedan determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella, utilizando, para ello, si fueran precisos, los medios técnicos, materiales o personales necesarios. Si el testamento fuera notarial, el Notario procurará que el testador desarrolle su propio proceso de toma de decisiones, ayudándole en su comprensión y razonamiento, con los ajustes que resulten necesarios.

2. El Notario igualmente informará al testador del contenido del apartado 3 del artículo 405, y de que, en defecto de previsión expresa, se entenderá habilitado el acceso a sus cuentas con servicios de la sociedad de la información, conforme al apartado 6 del artículo 323 Bis del Código. Dicha información se realizará a los efectos de que valore su interés de establecer o no disposiciones al respecto. Del mismo modo, el notario consultará al testador si desea hacer alguna mención especial a su patrimonio digital.

3. En el mismo sentido que el apartado anterior, el notario informará al testador acerca del artículo 319 bis, al objeto de que valore sí desea designar personas legitimadas, así como, en su caso, las reglas que deberán regir la transferencia de las facultades de defensa y gestión de la identidad y la memoria tras el fallecimiento de estas primeras personas legitimadas.

4. Pueden otorgar testamento ológrafo quienes sean mayores de edad.

5. La falta de capacidad de testar, general o para una forma concreta de testamento, en uno de los testadores impide otorgar el testamento mancomunadamente.

Veintidós. Se modifica el artículo 425, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 425. Error en la indicación de la persona o de los bienes.

Si el testador hubiera indicado erróneamente la persona del heredero, del legatario, o de la legitimada para defender y gestionar su identidad y memoria, o los bienes que son objeto de la disposición, pero de la interpretación del testamento fuera posible concluir a qué persona o bienes pretendía referirse, la disposición vale relativamente a esta persona o a estos bienes.

Veintitrés. Se modifica el artículo 439 que queda con la siguiente redacción:

Artículo 439. Comitente.

Todo aragonés capaz para testar puede nombrar uno o varios fiduciarios para que ordenen su sucesión, incluyendo la vertiente del artículo 316.2 del Código, actuando individual, conjunta o sucesivamente. Nombrados varios sin señalar cómo deben actuar, se entenderá que el llamamiento es conjunto.

Veinticuatro. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 449, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 449. Administrador y representante.

1. Pendiente de ejecución la fiducia, la administración y representación del patrimonio hereditario corresponderá:

1.º Al cónyuge viudo sobre todos los bienes y derechos del premuerto, mientras tenga la condición de administrador de la comunidad conyugal, o, en otro caso, solo sobre los bienes afectos al usufructo de viudedad.

2.º Al fiduciario o fiduciarios.

2. En las fiducias colectivas, la administración del patrimonio pendiente de asignación solo corresponderá a los fiduciarios si el causante no hubiera designado un administrador.

3. Los sujetos del apartado 1 estarán facultados igualmente para ejercer las acciones necesarias para evitar la interrupción de los contratos con proveedores de servicios de la información suscritos por el causante y que puedan incidir en la sucesión, bien por afectar o integrar el caudal relicto, o bien por repercutir en la defensa y gestión de la identidad y memoria del causante. 

Veinticinco. Se añade unos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 466, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 466. Nombramiento de heredero.

1. Tendrá la consideración de heredero el nombrado para suceder, en todo o en parte, en las relaciones patrimoniales y personales del causante que no se extingan por su muerte, cualquiera que sea la denominación que éste le haya dado y tanto si ha sido llamado a la totalidad o a una cuota del caudal como a uno o varios bienes determinados.

2. Los designados sucesores por causa de muerte que no sean herederos tendrán la consideración de legatarios.

3. El llamado a una cuota de la herencia será considerado heredero y el llamado a cosa determinada, legatario, salvo que resulte que otra es la voluntad del causante.

4. Dentro de las relaciones patrimoniales estarán incluidos los bienes, físicos o digitales, que pudiendo no revestir de valor económico, o siendo escaso, lo tengan desde un punto de vista simbólico o emocional para el heredero.

5. La referencia a las relaciones personales comprenderá, cuando proceda, la gestión y defensa de la identidad y memoria del causante, en los términos del artículo 319 Ter de este Código.

Veintiséis. Se modifica el artículo 476, dividiéndolo en dos apartados. El primero recoge el contenido inicial del precepto y el segundo añade contenido nuevo, quedando con la siguiente redacción:

Artículo 476. Condiciones válidas.

1. Son válidas todas las condiciones que no sean imposibles o contrarias a las leyes o las buenas costumbres. En particular, es válida la condición de contraer o no contraer primero o ulterior matrimonio o hacerlo con persona determinada, así como la condición de que el heredero o legatario haga alguna disposición mortis causa en favor del disponente o de otra persona.

2. Serán válidas igualmente todas las condiciones que se establezcan con relación a la gestión y defensa de la identidad y memoria de la persona tras su muerte, que cumplan con los requisitos del apartado anterior.

Veintisiete. Se modifica el apartado 1 del artículo 511, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 511. Efectos de la desheredación con causa legal.

1. La desheredación realizada conforme al artículo 509 priva al desheredado de la condición de legitimario y de las atribuciones sucesorias que le correspondan por cualquier título, incluyendo las relativas a la vertiente del apartado 2 del artículo 316. Se exceptúan las voluntarias posteriores a la desheredación.

2. Además, extingue la legítima colectiva si no hubiera otros descendientes que conserven la condición de legitimarios.

3. La reconciliación posterior entre el disponente y el desheredado o el perdón de aquél a éste, privan al disponente del derecho a desheredar y dejan sin efecto la desheredación ya hecha.

Veintiocho. Se añade un nuevo artículo 518 bis con la siguiente rúbrica y contenido:

Artículo 518 Bis. Defensa y gestión de la identidad y memoria en los supuestos de sucesión legal.

Cuando el causante no haya establecido de forma valida y eficaz, por pacto o por testamento, ninguna estipulación acerca de quienes serán las personas encargadas de defender y gestionar su identidad y memoria tras su muerte, o, habiéndola establecido, no sea posible cumplirla la determinación de las personas legitimadas se defiere:

En primer lugar, a los parientes de la línea recta descendente, siguiendo las reglas del capítulo II de este Título.

En defecto de descendientes, estarán legitimados los ascendientes, aplicándose las reglas del capítulo IV del Título.

En ausencia de descendientes y ascendientes, corresponderá al cónyuge viudo, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 531.1 del Código.

Si no hay un cónyuge supérstite, se deferirá a los hermanos.

No habiendo hermanos, la junta de parientes podrá acudir al ministerio fiscal, en los términos de la legislación estatal, para que se insten las oportunas acciones en defensa de la identidad y memoria del causante.

Disposición Final Primera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Por tanto, ordeno a la ciudadanía a la que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.

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