LAAAB home header
Breadcrumb

Aportaciones recibidas en la Consulta Pública previa:

Consulta Pública previa para elaborar el Anteproyecto de Ley de Economía Social de Aragón

Listado de aportaciones
Mostrando 1 al 1 de 1 resultados
Aportación sobre Aportación Documento adjuntado
La economia social, careta del capitalismo más duro y el clientelismo de la sociación afin. La privatización, enmascarada o no como economía social, es la destrucción más efectiva de los servicios públicos. Si se necesitaban más pruebas, la pandemia Covid-19 las proporcionó, exponiendo las consecuencias catastróficas de décadas de privatización y mercantilización de los servicios públicos. De la noche a la mañana, vimos hospitales abrumados, cuidadores sin equipo de protección, hogares de ancianos convertidos en lugares agonizantes, interminables colas para hacerse pruebas, etc. Muchos de estos servicios públicos son gestionados por supuestas fundaciones que solo enmascaran a grandes empresas del sector o a fundaciones clientelares del partido político de turno en el gobierno local, autonómico... Los que trabajamos en Aragón en servicios sociales hemos presenciado con estupor como se va legislando y reglamentando la llamada "acción concertada" dejando un catálogo de servicios posibles que suponen la privatización casi completa de los servicios sociales. En realizada es una simple consolidación de lo ya privatizado, que es mucho, y una licencia de corso para saquear lo poco que se gestiona directamente con empleados públicos. Todos conocemos como las grandes empresas del sector han ido creando su "fundaciones satélites" para abarcar todo tipo de "subastas publicas" de los servicios sociales, educativos o sanitarios. También son muy conocidas las "fundaciones" creadas y controladas por los grandes partidos políticos que ostentan el poder e incluso los famosos "cambios de baraja" para proteger a la fundación amiga cuando no lo controlas. Hay literatura suficiente para diferenciar a las entidades reales de la economía social de las fundaciones pantalla de las grandes empresas o las fundaciones clientelares de los grandes partidos. Si continuamos legislando sin esta clara diferenciación seguiremos contribuyendo a la privatización de servicios elementales para el ciudadano y por ello en una irresponsabilidad en la gestión de los servicios públicos Solo hay una conclusión: un cambio radical de rumbo después de años de subcontratación de bienes y servicios sociales a actores comerciales privados y clientelares, que a menudo resulta en corrupción, disminución de la calidad, aumento de costos. No hay que olvidar que la mercantilización de los servicios públicos debilita a los más desfavorecidos y puede conducir a violaciones de derechos humanos.

LAAAB footer